California ha implementado leyes más estrictas contra delitos relacionados con drogas y robos minoristas, tras la aprobación de la Proposición 36 y otros proyectos legislativos firmados por el gobernador Gavin Newsom. Estas medidas buscan revertir parte de la Proposición 47, que hace una década redujo las penas por ciertos delitos menores.
La Proposición 36 introduce cambios clave: los reincidentes por delitos de drogas podrían enfrentar cargos graves con tratamiento obligatorio en lugar de prisión, mientras que el tráfico de drogas como el fentanilo incluye advertencias legales sobre posibles cargos de asesinato. Además, reincidir en robos menores podría llevar hasta tres años de cárcel.
Aunque los defensores argumentan que las reformas frenarán la delincuencia, críticos advierten que podrían aumentar los costos judiciales y penitenciarios sin garantizar el acceso a programas de tratamiento adecuados. Newsom señaló que la falta de financiación complica la implementación, aunque un bono de salud mental de $6,400 millones podría ayudar.
La iniciativa refleja un cambio hacia políticas más severas, pero plantea el desafío de equilibrar seguridad pública con recursos sociales.