En un clima de incertidumbre y temor ante las anunciadas deportaciones masivas, el condado de Santa Clara está redoblando esfuerzos para proteger a su comunidad inmigrante. Frente a las nuevas órdenes ejecutivas de la administración presidencial de Donald Trump, el condado reafirma su posición de no cooperar con las autoridades de inmigración y asegura que los derechos de todos sus residentes serán defendidos. 

UNA COMUNIDAD BAJO AMENAZA

La posibilidad de redadas y deportaciones masivas trae recuerdos del pasado. En 2007, agentes de ICE inspeccionaron estaciones de tránsito en busca de inmigrantes indocumentados. Ahora, líderes como el senador estatal Dave Cortese temen que esas acciones puedan regresar con mayor fuerza. 

“El plan parece ser más agresivo esta vez”, advirtió Cortese. “No podemos detener la llegada de ICE, pero podemos garantizar el debido proceso para quienes se vean afectados”. 

En respuesta, el condado ha destinado cinco millones de dólares adicionales para asistencia legal a inmigrantes, sumándose a los seis millones que se asignan anualmente. Este financiamiento busca asegurar que ninguna familia enfrente sola el sistema judicial migratorio. 

PROTECCION DESDE EL LIDERAZGO SOCIAL

El condado ha dejado claro que sus políticas de no cooperación con el ICE permanecen firmes. James Williams, director ejecutivo del condado, enfatizó que estas políticas no son nuevas. “Durante la primera administración de Trump, defendimos con éxito estas medidas en los tribunales”, señaló. 

Por su parte, el congresista Sam Liccardo destacó el impacto humano de estas amenazas. “Nuestros vecinos viven con un miedo profundo. Las deportaciones masivas separan familias y generan un daño irreparable en nuestra comunidad”, expresó. 

Liccardo también criticó el alto costo de las deportaciones masivas, estimado en 88 mil millones de dólares anuales. “Estos recursos deberían enfocarse en combatir el crimen violento, no en dividir familias trabajadoras”, agregó. 

ENFRENTAR EL PANICO

En el corazón de la comunidad, organizaciones como Amigos de Guadalupe están ayudando a los inmigrantes a prepararse. Su directora ejecutiva, Maritza Maldonado, insta a las familias a conocer sus derechos y a utilizar recursos como la línea directa de la Red de Respuesta Rápida (408-290-1144) si detectan actividad de ICE en sus vecindarios. 

“Nuestra diversidad es nuestra fuerza”, afirmó Maldonado. “Ya hemos enfrentado este tipo de amenazas antes, y como comunidad, sobreviviremos nuevamente”. 

El condado de Santa Clara, junto con las fuerzas policiales locales, busca fomentar un ambiente de confianza. El sheriff Bob Jonsen y el jefe de policía de San José, Paul Joseph, aseguraron que sus oficiales no colaborarán con el ICE ni detendrán a personas únicamente para verificar su estatus migratorio. 

“Queremos que todos los residentes se sientan seguros al buscar ayuda o denunciar delitos, sin miedo a represalias migratorias”, señaló el sheriff Jonsen. 

UN MENSAJE DE ESPERANZA

A pesar de las amenazas, los líderes del condado están comprometidos con proteger a sus comunidades. “No cederemos al miedo ni al odio”, aseguró el supervisor Otto Lee. “Santa Clara continuará apoyando a nuestras familias inmigrantes con respeto, servicios y el respaldo legal que necesitan”. 

En tiempos de incertidumbre, el condado de Santa Clara se erige como un ejemplo de resistencia y solidaridad, demostrando que cuando una comunidad se une, la esperanza siempre prevalece.