En defensa del programa migratorio DACA, una coalición conformada por 23 fiscales estatales presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, instando al tribunal a revocar la decisión de un juez federal que declaró ilegal dicho beneficio.
En el documento legal, conocido como “amicus brief”, los procuradores respaldaron a cerca de 600 mil jóvenes amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Este amparo ha protegido a los beneficiarios de la deportación desde su creación en 2012 bajo el gobierno de Barack Obama.
En septiembre del año pasado, el juez federal en Texas Andrew Hanen rechazó una normativa que emitió el Gobierno del presidente Joe Biden en agosto de 2022 para corregir una violación a la Ley de Procedimiento Administrativo y determinó que el beneficio es ilegal, como alega un grupo de estados republicanos que buscan terminar con DACA.
La Administración Biden y el Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) llevaron la batalla legal a la corte de apelaciones, que está evaluando el fallo.
La coalición liderada por el fiscal de California, Ron Bonta, y la fiscal de Nueva York, Letitia James, ha instado al tribunal a revocar la decisión de Hanen.
Bonta dijo que está comprometido a luchar por los amparados por DACA y que “cualquier intento de poner fin a este programa crucial es negligente e irresponsable”.
Por su parte, James sostuvo que los “soñadores”, como se conoce a los amparados por DACA, han ayudado a la prosperidad de Nueva York y el país con su trabajo en áreas como salud y educación, entre otras.
“Poner fin a este programa separará a las familias y sacará a los estadounidenses trabajadores de sus hogares”, advirtió la fiscal neoyorquina.
También se conoció que un grupo de 168 instituciones educativas y organizaciones de 32 estados envió otro documento en respaldo a los “soñadores” en el que destaca el “enorme y positivo impacto” de estos inmigrantes.
Advierte este grupo de que el fin de DACA “sería un duro golpe para las instituciones de educación superior de todo tipo, así como para sus estudiantes y graduados”.
Un informe reciente del Center for American Progress (CAP) encontró que el 91 % de los beneficiarios de DACA que son mayores de 25 años de edad están empleados, y el 47 % de ellos pudieron obtener un mejor empleo después de recibir el amparo. (Con información de EFE)